El fiscal federal Jorge Di Lello imputó hoy al albañil que confesó ante la justicia haber cobrado $ 1.500 para firmar, sin previa lectura, un texto que resultó ser una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la diputada nacional Elisa Carrió.
El representante del Ministerio Público le solicitó al juez federal Claudio Bonadio que realice una serie de medidas de prueba para intentar descifrar qué se esconde detrás Saúl Enrique Paz, el hombre que denunció a la referente de Cambiemos.
Paz fue firmante de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la titular de la Coalición Cívica que recayó en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, quien primero la desestimó pero luego debió llamarlo a ratificarla por orden de la Cámara Federal porteña.
"Es mi firma, pero no sabía lo que estaba firmando. A mi una persona del barrio, a quien conocí jugando al fútbol, me pidió que saliera de testigo, que firmara. Me dijo que me iba a dar $ 1.500 y me los dio", dijo cuando lo llamaron a ratificar la denuncia. En la misma declaración, Paz sostuvo que la persona que le pagó por firmar se llama Alan González, tiene nacionalidad peruana y vive en un barrio de 3 manzanas en Derqui (provincia de Buenos Aires), según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
Ante esa declaración, la fiscal que intervenía en la denuncia contra Carrió, Paloma Ochoa, requirió que se extrajeran testimonios y se enviara el tema a sorteo para que se investigara el contenido de las declaraciones del falso denunciante.
Fuentes judiciales informaron a Télam que la fiscalía de Di Lello también pretende avanzar también con la investigación de algunos aportes que hizo Carrió ante el juez Rafecas, en relación con la denuncia en su contra.
La diputada nacional sostuvo que detrás del albañil denunciante, que figuraba en registros oficiales vinculado a distintas empresas, podía estar el contador Julio César Jiménez, a quien vinculó con los servicios de inteligencia. Jiménez es un contador y escribano que participó de la constitución de distintas empresas entre las que figura American Tape, vinculada al ex jefe de operaciones de la SIDE, Antonio "Jaime" Stiuso.
Semanas atrás Carrió sostuvo que detrás de las denuncias en su contra había sectores de la justicia federal y de los servicios de inteligencia lo que generó que Stiuso se autodenunciara en una casua que cayó ante la jueza federal María Servini.
Por otra parte, hoy el fiscal federal Franco Picardi, quien se encuentra subrogando a la su par Ochoa, apeló la desestimación de otra denuncia contra Carrió que el juez Rafecas había desechado junto con la de Paz.
En el mismo dictamen que Ochoa había solicitado extraer los testimonios del albañil de 28 años. Además requirió que se iniciara una investigación por otra denuncia contra Carrió realizada en marzo de este año por un abogado llamado Mariano Valdez.
La fiscal Ochoa había remarcado que esa denuncia había sido ratificada por el abogado que la había realizado y que no era exactamente igual a la presentada por Paz por lo que debía iniciarse una investigación sobre el patrimonio de la diputada.